Más de dos años después de que el Gobierno decidiera pasar la factura a las grandes empresas con beneficios que prejubilaban a empleados mayores de 50 años, el Ministerio de Empleo ha dado las primeras órdenes de cobro. Según precisa en una respuesta parlamentaria a Carles Campuzano, diputado de CiU, “se encuentran en fase provisional de liquidación las aportaciones correspondientes a determinadas empresas que iniciaron despidos colectivos en 2011”.
Los primeros expedientes de cobro por prejubilaciones de 2011 arrojan “hasta el momento, un montante estimado de 966.000 euros”, según detalla Empleo. Hasta que el Gobierno, entonces del PSOE, no hizo una modificación legal en 2011, no había impedimentos para que las empresas acometieran prejubilaciones en los que pasaban parte del coste del despido a las arcas públicas: el Servicio Público de Empleo pagaba las prestaciones de desempleo y la Seguridad Social abonaba las cotizaciones de los trabajadores despedidos durante el periodo de cobro de la prestación.
La decisión del Ejecutivo socialista, luego respaldada por el Gobierno de Rajoy, se produjo tras la polémica creada por un ERE de Telefónica en abril de 2011 (de hecho, la modificación legal se bautizó como enmienda Telefónica). Desde entonces, las grandes empresas (de más de 100 trabajadores) con beneficios están obligadas a compensar a la Administración por los costes que soportan en las prejubilaciones incluidas en despidos colectivos. La modificación legal, sin embargo, ha tardado mucho tiempo en poder ser aplicada, entre otras cosas, como admite el propio Ejecutivo en su respuesta, porque el desarrollo reglamentario se demoró hasta finales del año pasado.
Los expedientes de cobro de los que ahora da cuenta el Gobierno corresponden a los primeros despidos colectivos de 2011 que reúnen las condiciones necesarias. Empleo ha argumentado además que la demora llega porque los despidos de los ERE no se producen de golpe, sino que en la mayoría de casos son escalonados. Todo ello explicaría que esta primera estimación esté tan alejada de las previsiones que hizo el Gobierno, que contaba con recuperar unos 390 millones de euros cada año por sus aportaciones a prejubilaciones de grandes empresas con beneficios.
(El País, 23-09-2013)