El Ministerio de Trabajo quiere acabar con el abuso de las bajas temporales

Los procesos de incapacidad temporal originados por enfermedades comunes, crecieron un 15,1% hasta mayo. El Ministerio de Jesús Caldera quiere asegurarse de que tras este incremento no se esconde la picaresca.

Las arcas de la Seguridad Social podrían sufrir un respiro en los próximos meses. La puesta en marcha de las políticas estrella de esta legislatura -la Ley de Dependencia y el permiso de paternidad, entre otras- supone una carga extra para la hucha social, en un momento en el que los organismos internacionales -desde la OCDE hasta la Comisión Europea y el FMI- señalan que no es tiempo de derroches, porque está en juego la viabilidad del sistema de pensiones.

Precisamente, para evitar el mal uso de los recursos sociales, Trabajo podría perfilar el actual sistema de adjudicación de pensiones relativas a la incapacidad temporal (IT) para limitar la encadenación injustificada de bajas. Entre las ideas planteadas por los técnicos del ministro Caldera ha surgido la limitación del número de encadenamientos, con lo que, en determinado momento, la baja pasaría a ser permanente, con el consiguiente abandono del puesto de trabajo y paso al cobro de un subsidio.

Según las estadísticas de la Seguridad Social, en mayo (último mes disponible), los procesos en vigor por bajas temporales propiciadas por enfermedades comunes sumaron los 270.058 casos. Al cierre de 2006, la suma de expedientes que no se cerraron una vez acabado el ejercicio ascendía a 228.699 trabajadores. Estas pagas suponen un desembolso medio para el Estado de 5,7 millones de euros por mes.

Las personas con IT tienen derecho a una pensión cuya cuantía está en relación a la base reguladora y a los porcentajes aplicables a la misma; el reconocimiento del derecho puede alcanzar una duración de 12 meses, prorrogables como mínimo a otros seis. Así, según se deriva de los datos del INE, en este plazo, el trabajador recibe una paga sensiblemente superior a la del Salario Mínimo Interprofesional, de 641,25 euros mensuales, lo que incentiva la picaresca a acogerse a este sistema en repetidas ocasiones, y eludir así los 492,78 euros que, de media, conlleva el subsidio por incapacidad permanente.

Hasta ahora, sólo existe el requisito de un periodo de descanso de seis meses para poder solicitar la prestación de uno nuevo, motivo por el que los inspectores de la Seguridad Social consultados apoyan una política más restrictiva: «es una buena medida».

Sin embargo, esta herramienta contra el fraude podría verse frustrada por las consecuencias electorales que acarrearía. Sin ir más lejos, y aunque no ha empezado la fase de consultas, los sindicatos advierten de que estos mecanismos generarían «fuertes disputas». CCOO añade que «el encontronazo» estaría servido.

FUENTE: Expansión