Los trabajadores a tiempo parcial podrán acceder a una pensión pública sin haber cotizado los 15 años completos que se exigen al resto de cotizantes. A cambio tendrán una pensión menor, que no podrán compensar con los complementos de mínimos que se aplica a las pensiones más bajas y se pagan con impuestos para que lleguen a un mínimo que fija el Gobierno de turno. Esta es la base del acuerdo que ultima el pacto de Toledo para resolver el problema creado por las sentencias del Tribunal de Luxemburgo y del Constitucional, que ha puesto en un brete las cuentas de la Seguridad Social desde abril porque supone un aumento de gasto de 1.900 millones de euros. La propuesta que ha elaborado el Ministerio de Empleo, y ha remitido también a los agentes sociales para que la estudien, plantea que para acceder a la pensión (de jubilación, muerte y supervivencia o incapacidad permanente) sea necesario acreditar 15 años en alta a la Seguridad Social, pero independientemente de que hayan cotizado a tiempo parcial o completo.
Para ello se les aplicará un «coeficiente de parcialidad». Este mide la proporción de jornada realizada con relación a la de un trabajador a tiempo completo y total de días cotizados. La empresa tiene que comunicarlo en el momento en que firma el contrato. Posteriormente, se suman estos días con los que haya trabajado a tiempo completo. Además, se aplica un «coeficiente global de parcialidad», que es la proporción de los días cotizados sobre el total de días de alta y que se aplicaría a los tiempos de carencia. Es lo que le permitiría tener una pensión con un periodo de cotización acreditada inferior a 15 años. Para calcular la cuantía de la pensión se aplica un porcentaje que varía en función de los años cotizados y que también se ajusta. Con 15 años se accede al 50% de la pensión, y la proporción aumenta cada mes adicional en dos tramos hasta el 100%.
El resultado es que se tienen en cuenta «los días efectivamente cotizados por cada trabajador a tiempo parcial, calculados en función de su coeficiente de parcialidad». Y «tendría derecho a pensión con el mismo número de años en alta laboral independientemente del porcentaje de jornada trabajada, equiparando con ello el derecho a pensión de los trabajadores en jornada completa con los trabajadores a tiempo parcial». Es decir, que se resuelven los dos mandatos judiciales: cambiar el tiempo exigido para generar el derecho y la forma de calcular la pensión. Al mismo tiempo, se establece una diferencia lógica entre quienes han trabajado toda la jornada y quienes han trabajado sólo media (por tratarse de una opción personal o porque no han encontrado un empleo mejor) y, además, se evita que se compre el derecho a una pensión pública.
El Ministerio se limita a «sugerir» a los agentes sociales que «reflexionen» que no se puede dar la misma prestación a quien ha trabajado un mínimo de 8 horas diarias durante 15 años que quien lo ha hecho sólo 4 en el mismo periodo. La finalidad, dice, es evitar «agravios comparativos». Podría darse el caso de que un trabajador pactara con su empresa ingresar el importe de esas aportaciones para tener un sueldo mayor o que decidiera reducir su jornada a la mitad, sin que ello mermara la pensión. Según la EPA, en la actualidad hay cerca de 2,6 millones de trabajadores con contratos a tiempo parciales, contratos de relevo a tiempo parcial y contratos de trabajo fijo-discontinuo, que son los afectados por esta nueva normativa, el 12,6% de la población activa. El dato relevante es que, de ellos, más de dos millones son mujeres.
En el 2012 la Seguridad Social aprobó 32.714 prestaciones para cotizantes que habían tenido contratos parciales en algún momento con un importe medio de la pensión inicial de 832,3 euros. Sin embargo, denegó 2.947 solicitudes, el 40% de las cuales tendría pensión con la nueva fórmula que se está estudiando. Por otra parte, el Gobierno estudia una bajada selectiva de cotizaciones, que se podrían aplicar a partir del 2014. Se trata de una de las exigencias realizadas por la Comisión Europea para facilitar las ayudas al empleo de los jóvenes, que se elevan a 1.900 millones. Estas condiciones se concretarán en la cumbre de empleo en Berlín.
Fuente: LaVanguardia
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