La Audiencia cuestiona que sea legal la rebaja a los funcionarios

08
Oct, 2010

La Audiencia Nacional abrió ayer la vía para que el recurso presentado contra el recorte salarial a los funcionarios, acordado en el decreto de medidas de ajuste de mayo último, acabe planteado ante el Tribunal Constitucional (TC). La sala de lo social de la Audiencia dictó una providencia en la que expone sus dudas sobre la adecuación del recorte a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por lo que se dirige al Abogado del Estado, al fiscal y a los sindicatos recurrentes, Comisiones Obreras, UGT y SATNP para que se pronuncien al respecto.

El procedimiento iniciado es el previsto para presentar luego una cuestión de inconstitucionalidad, que implica impugnar ante el TC la norma cuestionada. En este caso, la Audiencia no ha asegurado que vaya a hacerlo, pero al expresar sus dudas sobre la adecuación del recorte a la Constitución, se deja la puerta abierta para ello.

Ahora, las partes representadas en el proceso expondrán al tribunal si consideran que el decreto vulnera o no derechos fundamentales. La Abogacía del Estado representa al Gobierno y es evidente que defenderá la legalidad de lo acordado. La Fiscalía ostenta una representación genérica del interés público y con toda probabilidad también alegará a favor de la norma. Los sindicatos, a su vez, tienen en este paso del proceso el lugar y momento idóneo para exponer con detalle por qué consideran que el decreto de mayo último vulnera los derechos constitucionales de los funcionarios públicos.

En principio, la pista que da la Audiencia sobe el fundamento de sus dudas sobre la legalidad de la norma impugnada se refiere a la posibilidad de que se haya vulnerado el derecho a la igualdad entre los ciudadanos. La sala se refiere en concreto a la disposición adicional novena del decreto, que prevé normas especiales para entidades del sector público. En ese precepto se excluye del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y Aena, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.

No es muy probable que el proceso vaya a culminar en una anulación de preceptos esenciales del decreto, dada su relevancia para los equilibrios globales de las cuentas públicas. Pero la discusión abierta supone discutir más a fondo la adecuación del decreto a la Constitución. En todo caso, el propio letrado Enrique Lillo, representante del gabinete interfederal de Comisiones Obreras en el proceso, manifestó ayer que «sin prejuzgar el sentido final del procedimiento», la decisión adoptada ayer por la Audiencia refuerza la posición defendida por el sindicato frente a la reducción salarial a los funcionarios y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados en el ámbito de las administraciones públicas en 2010. Comisiones subrayó ayer que mantendrá sus iniciativas contra el decreto, en defensa de los casi tres millones de personas afectadas.

FUENTE: La Vanguardia
Fecha de Publicación: 08-10-2010

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