El gradual envejecimiento de la población y la profunda y prolongada recesión que sufre España han puesto en jaque la viabilidad futura del sistema público de pensiones. El Gobierno quiere introducir el llamado factor de sostenibilidad, un mecanismo de revisión automática de las pensiones que tendrá consecuencias de calado para los ciudadanos españoles. En la última década, las pensiones contributivas de la Seguridad Social han aumentado en más un millón, hasta rebasar la cifra histórica de 9 millones, el gasto mensual se ha disparado casi un 80% entre 2003 y 2013 y el importe de la pensión media ha crecido más de un 50% durante ese periodo.
En un escenario de recesión intensa y duradera y de paulatino envejecimiento de la población (el año pasado, España vio además bajar su población por primera vez en 17 años), el Gobierno se ha visto obligado a pisar a fondo el acelerador de las reformas en busca de fórmulas que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema en los años venideros. En los últimos meses, el Ejecutivo de Rajoy ha profundizado en la reforma iniciada por la Administración socialista en 2011, en la que se retrasaba la edad de jubilación a los 67 años, elevando el periodo de cotización exigido de 35 a 37 años, ampliando de 15 a 25 años el periodo de referencia para calcular la cuantía de la pensión y endureciendo el acceso a la jubilación anticipada y parcial con el objetivo de equiparar la edad real de retiro a la edad legal.
También ha creado un ‘comité de sabios’ que ayudará a definir el denominado factor de sostenibilidad de las pensiones, un instrumento que tendrá serías repercusiones sobre el sistema. Y es que como ha reconocido el propio Gobierno, dicho mecanismo podría incluso retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años. El Ejecutivo ha anticipado que en el programa de reformas que anunciará este viernes no se tocarán las pensiones, pero la reforma del sistema, con el factor de sostenibilidad como eje central, ya está en marcha. Está previsto que el mencionado ‘comité de sabios’, integrado por doce expertos, entregue su informe a finales de mayo o principios de junio, un dictamen que servirá para determinar los parámetros del factor de sostenibilidad.
¿En qué consiste dicho factor? Es un mecanismo de ajuste automático y revisión permanente de las pensiones en función de diferentes parámetros: edad de jubilación, años de cotización necesarios, importe inicial de la pensión… vinculados a aspectos demográficos y a la evolución de la esperanza de vida. Es una cuestión muy relevante, porque de la definición de dichos aspectos dependerá, por ejemplo, que los españoles se vean obligados a cotizar más años, a retrasar aún más su edad de retiro… Sin olvidar otra variable esencial: el futuro criterio de revalorización de las pensiones, que previsiblemente romperá su actual nexo con la evolución de la inflación.
La desvinculación entre IPC y revalorización de las pensiones no es nueva en Europa. En países como Alemania, Países Bajos o Suecia, por ejemplo, las pensiones se ajustan en función de la evolución del nivel medio de los salarios. En el caso concreto de Alemania, se tiene en cuenta además la relación entre los pensionistas y los asalariados que cotizan en ese momento. No es la única fórmula. En Estados como el húngaro o el portugués también se tiene en cuenta el crecimiento real del PIB. En el caso concreto de Portugal, las pensiones suben anualmente de acuerdo con una fórmula combinada de evolución de Producto Interior Bruto y la inflación (exceptuando la vivienda).
Respecto al factor de sostenibilidad, las posibilidades son diversas. Por ejemplo, Italia, Grecia, Dinamarca y Países Bajos han optado por vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida. En el caso concreto de Dinamarca, quedará establecida en 67 años en 2022 y más tarde se supeditará a la evolución de la esperanza de vida a los 60 años tomando como base la del año 2020 y con un desfase de cinco años. Francia, por su parte, incluye desde 2009 un sistema de ajuste de los años cotizados al ritmo del incremento de la esperanza de vida, al objeto de mantener constante la ratio entre años cotizados y años de cobro de pensión. En otros países, como Portugal y Finlandia, lo que se vincula es el importe de la pensión a la esperanza de vida.
La pelota de cómo se aplica en España el factor de sostenibilidad está en manos del Gobierno, del comité de sabios y de la Comisión del Pacto de Toledo, que en las próximas semanas deberá pronunciarse sobre la propuesta del Ejecutivo. Será entonces cuando se conozca el alcance de una medida que persigue la supervivencia del sistema a medio y largo plazo y que, sin duda, introducirá cambios profundos en él.
Fuente: Expansión, 25-04-2013
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